En diálogo con Radio Cooperativa 104.5, Verónica Araya, coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) en San Juan, expresó su preocupación por las situaciones de violencia y discriminación que atraviesa la comunidad trans. De cara a la Marcha del Orgullo del próximo 28 de noviembre, reclamó mayor acompañamiento del Estado y políticas públicas que garanticen el acceso a la salud, el trabajo, la vivienda y una vida digna.

La próxima Marcha del Orgullo en San Juan será una oportunidad para celebrar la diversidad, pero también para visibilizar las desigualdades que todavía afectan a las personas travestis, transexuales y transgénero. En una conversación con Radio Cooperativa 104.5, Verónica Araya, referente provincial de ATTTA, compartió las preocupaciones de la organización y adelantó que trabajan junto a otros espacios de la diversidad en la preparación de actividades de visibilización y reivindicación de derechos.

La dirigente explicó que la marcha representa un momento de encuentro, organización y lucha colectiva. Detrás de los colores, las expresiones artísticas y el carácter festivo de la convocatoria existe una historia de resistencia frente a la discriminación y de conquistas alcanzadas gracias a la organización de quienes durante décadas fueron excluidos de numerosos ámbitos de la vida social.

Sin embargo, Araya advirtió que el escenario actual presenta dificultades preocupantes. Durante la entrevista señaló que ATTTA viene acompañando a integrantes de la comunidad que denuncian haber sufrido situaciones de violencia y discriminación en la provincia. También manifestó su inquietud por el crecimiento de discursos que estigmatizan a las diversidades y que, según su análisis, contribuyen a generar un clima social de mayor hostilidad.

Cuando la discriminación se convierte en violencia

Uno de los aspectos más preocupantes planteados por la referente de ATTTA fue la situación de las personas trans que sufren agresiones y encuentran dificultades para acceder a mecanismos de protección y justicia.

Araya explicó que la organización realiza tareas de acompañamiento con la colaboración de profesionales del derecho y militantes comprometidos con la defensa de los derechos humanos. No obstante, cuestionó la falta de respuestas institucionales suficientes para atender estas situaciones.

En ese sentido, la entrevista permitió poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿cómo pueden las organizaciones sociales sostener el acompañamiento de personas que sufren violencia cuando no cuentan con políticas públicas y recursos adecuados?

La respuesta no puede depender exclusivamente de la voluntad de quienes integran las organizaciones. El Estado tiene la responsabilidad de prevenir la discriminación, proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la Justicia.

La violencia contra las personas trans no puede naturalizarse ni considerarse un problema que afecta únicamente a una comunidad. Cada agresión constituye una vulneración de derechos y pone en evidencia las dificultades que todavía enfrenta nuestra sociedad para construir una convivencia basada en el respeto.

Las leyes representan avances, pero los derechos deben garantizarse

Argentina cuenta con importantes antecedentes legislativos en materia de reconocimiento de derechos de las personas trans.

La Ley de Identidad de Género Nº 26.743, sancionada en 2012, significó un avance histórico al reconocer el derecho a la identidad de género y al trato digno. Por su parte, la Ley Nº 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, conocida como Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, incorporó herramientas destinadas a enfrentar la exclusión laboral histórica.

Sin embargo, la existencia de estas normas no significa que las desigualdades hayan desaparecido.

Durante la conversación con Radio Cooperativa, Araya destacó la necesidad de avanzar hacia una legislación integral que contemple las distintas problemáticas que atraviesan las personas trans, particularmente en materia de salud, trabajo, vivienda y acceso a derechos fundamentales.

El planteo pone en evidencia que reconocer legalmente la identidad de una persona constituye un paso indispensable, pero no resuelve por sí solo las barreras económicas y sociales que pueden impedirle desarrollar su proyecto de vida.

Cuando una persona encuentra dificultades para conseguir empleo por su identidad de género, también se reducen sus posibilidades de acceder a ingresos estables, cobertura sanitaria y una vivienda. De esta manera, la discriminación termina reproduciendo situaciones de exclusión que se prolongan durante años.

Por eso, las políticas públicas de inclusión no deben interpretarse como privilegios, sino como herramientas destinadas a enfrentar desigualdades concretas.

La responsabilidad de quienes tienen poder

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la relación entre los discursos públicos y las situaciones de violencia que denuncian las organizaciones.

Araya expresó su preocupación por las expresiones discriminatorias que circulan en distintos ámbitos y cuestionó especialmente aquellas que provienen de espacios de poder político.

Su planteo invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los dirigentes y funcionarios cuando se refieren a sectores históricamente discriminados.

En una sociedad democrática pueden existir diferencias políticas, culturales y religiosas. Lo que no puede justificarse es que esas diferencias se utilicen para promover el desprecio, la exclusión o la violencia hacia otras personas.

La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero también lo es el derecho de todas las personas a vivir sin discriminación.

La discusión no debería centrarse en si alguien está de acuerdo o no con la identidad de otra persona. El respeto a la dignidad humana no depende de opiniones personales. Es una obligación social y un principio básico de los derechos humanos.

Una historia de lucha que continúa

Durante su participación en Radio Cooperativa, Verónica Araya también recordó experiencias personales atravesadas por situaciones de violencia y detenciones arbitrarias.

Lejos de abandonar la militancia, reafirmó su decisión de continuar participando en las calles, visibilizando las demandas de su comunidad y reclamando respuestas a los distintos gobiernos.

Su testimonio refleja una historia compartida por numerosas personas trans que debieron enfrentar prejuicios, exclusión y violencia para conseguir algo tan elemental como vivir de acuerdo con su identidad.

ATTTA forma parte de esa trayectoria de organización colectiva que permitió impulsar avances en materia de reconocimiento de derechos en Argentina.

Muchas de las conquistas que hoy forman parte de la legislación nacional fueron posibles gracias a la perseverancia de organizaciones y referentes que durante años reclamaron ser escuchadas.

Sin embargo, esas conquistas requieren políticas públicas que permitan sostenerlas y convertirlas en oportunidades reales.

La Marcha del Orgullo también convoca a toda la sociedad

La movilización prevista para el 28 de noviembre en San Juan volverá a reunir a organizaciones y personas comprometidas con la defensa de la diversidad y los derechos humanos.

Será una jornada de celebración, pero también de memoria y reclamo. Una oportunidad para visibilizar las situaciones de violencia, exigir respuestas institucionales y reafirmar que ninguna persona debe ser discriminada por su identidad de género.

El desafío no corresponde solamente a las organizaciones de la diversidad. También involucra a las familias, las instituciones educativas, los espacios de trabajo, los medios de comunicación y a toda la comunidad.

Desde Radio Cooperativa entendemos que los medios de comunicación tienen una responsabilidad en este proceso: abrir espacios para escuchar a quienes históricamente fueron silenciados, contribuir a derribar prejuicios y promover una convivencia basada en el respeto.

Acompañar estas demandas no significa hablar en nombre de las personas trans, sino reconocer su protagonismo, escuchar sus experiencias y comprender que los derechos humanos deben garantizarse para todas las personas, sin excepciones.

La próxima Marcha del Orgullo será una nueva oportunidad para expresar ese compromiso colectivo.

Porque una sociedad verdaderamente democrática no es aquella que simplemente tolera las diferencias, sino aquella que reconoce la dignidad de cada persona y garantiza que nadie sea excluido, discriminado o violentado por ser quien es.

Escuchá la entrevista completa que Radio Cooperativa 104.5 realizó a Verónica Araya, coordinadora de ATTTA San Juan, sobre la situación de la comunidad trans, las demandas de las organizaciones y la próxima Marcha del Orgullo.

Entrevista Verónica Araya, coordinadora de ATTTA