El último informe de la Universidad Católica Argentina vuelve a poner números a una realidad que en los barrios ya se conoce sin estadísticas: casi 6 de cada 10 niños y niñas viven en la pobreza y cerca del 30% no accede a una alimentación regular. Detrás del dato —53,6% de pobreza infantil y niveles altos de inseguridad alimentaria— no hay una abstracción, hay infancias concretas atravesadas por la desigualdad y la falta de oportunidades.

Pero para quienes construyen la vida desde el trabajo autogestionado, desde las cooperativas y la economía popular, esos chicos no son “los niños de la estadística”: son nuestros hijos, hijas, sobrinos y vecinos. Son parte de la misma trama comunitaria que sostiene comedores, merenderos y redes solidarias cuando el mercado y el Estado no alcanzan. La pobreza infantil no es solo un problema económico, es una herida colectiva que se siente en cada olla que no alcanza y en cada familia que pelea día a día por garantizar lo básico.

El informe advierte que, aunque algunos indicadores muestran leves variaciones, el problema es estructural y persiste en el tiempo. Y ahí aparece una clave: no alcanza con pequeños cambios si la vida cotidiana sigue marcada por la precariedad. Para el trabajador autogestionado, la salida no pasa por esperar un crecimiento que no llega, sino por impulsar un cambio profundo en las políticas económicas y sociales que hoy empujan a millones a la pobreza.

Porque cuando el ajuste aprieta, no hay distancia entre “ellos” y “nosotros”: los niños que pasan hambre son los nuestros. Y frente a eso, la respuesta también nace desde abajo, en comunidad, pero también en la necesidad urgente de transformar el rumbo para que ninguna infancia crezca con el plato vacío.