El 85% de los trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia estaría trabajando en condiciones precarias, según denuncian desde ATE. Reclaman el pase a planta permanente, mejores salarios y el reconocimiento de una tarea que exige una enorme responsabilidad. Radio Cooperativa conversó en exclusiva con trabajadores del organismo provincial para conocer una realidad que pocas veces llega a los medios.
Detrás de cada niño que necesita protección, de cada adolescente que atraviesa una situación difícil y de cada familia que busca ayuda, hay trabajadores que todos los días ponen el cuerpo para dar una respuesta. Sin embargo, muchos de ellos no tienen estabilidad laboral y cobran salarios que consideran insuficientes para la responsabilidad que asumen. María Arroyo, delegada de ATE en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, explicó a Radio Cooperativa que el 85% del personal trabaja bajo distintas formas de contratación precaria. Entre ellos hay profesionales, cuidadores, administrativos y trabajadores contratados a través de una asociación civil. Algunos cumplen funciones desde hace años sin conseguir el pase a planta permanente.
La tarea que realizan está lejos de ser sencilla. La Dirección cuenta con 18 residencias donde viven alrededor de 200 niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones familiares muy complicadas y que, por diferentes motivos, no pueden permanecer en sus hogares. Son chicos que necesitan protección y acompañamiento del Estado porque en sus casas no están dadas las condiciones para garantizar su cuidado. Algunos pueden haber atravesado situaciones de violencia, abandono u otros conflictos familiares. Los trabajadores deben acompañarlos no solamente en sus necesidades diarias, sino también en lo emocional, ayudándolos a transitar experiencias que muchas veces son dolorosas. Arroyo explicó que una encargada de residencia puede tener bajo su responsabilidad a diez o doce chicos, acompañarlos al médico, al psicólogo, a la escuela y en todas sus actividades. A pesar de semejante responsabilidad, muchas veces cobran como cualquier empleado administrativo.
Los salarios tampoco acompañan semejante tarea. Según detalló la delegada, un profesional contratado percibe alrededor de 920 mil pesos, mientras que uno con 30 años de antigüedad no llega a los dos millones. Hay cuidadoras que, después de pasar 24 horas trabajando en una residencia, tienen que salir a limpiar casas particulares para completar sus ingresos. También hay choferes que trabajan con aplicaciones de transporte y profesionales que buscan otros empleos porque no les alcanza lo que cobran. A esto se suma el desgaste físico y emocional de atender situaciones muy difíciles, muchas veces con episodios de violencia y agresiones. Durante la pandemia, recordó Arroyo, hubo trabajadoras que permanecían 14 días seguidos dentro de las residencias para garantizar el cuidado de los chicos.
Otro punto preocupante es la contratación de personal a través de terceros. Arroyo señaló que más de 200 trabajadores están vinculados mediante la Asociación Civil Puerto Aluco, mientras que otros prestan servicios en los departamentos a través de convenios con los municipios. Estas formas de contratación generan diferencias entre personas que realizan tareas similares. La delegada recordó incluso que hubo compañeros en algunos departamentos que no tenían baño en sus lugares de trabajo y debían pedirles a los vecinos que les prestaran uno. El reclamo no es nuevo: desde 2019 vienen pidiendo mejores condiciones, estabilidad y reconocimiento de sus funciones. Ahora preparan un petitorio dirigido al gobernador para solicitar una respuesta y abrir un canal de diálogo. Arroyo también mencionó rumores sobre posibles despidos y traslados, aunque aclaró que no recibieron ninguna comunicación oficial al respecto.
Hay una contradicción que merece una respuesta del Gobierno provincial. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a chicos que vienen de hogares donde atraviesan problemas graves y necesitan recuperar la tranquilidad, la confianza y la posibilidad de crecer en un ambiente seguro. Pero quienes tienen que acompañarlos todos los días denuncian que trabajan sin estabilidad, con salarios bajos y bajo una enorme presión emocional. No se trata solamente de mejorar las condiciones de los empleados: también está en juego la continuidad del acompañamiento que reciben estos niños y adolescentes. Cuando un profesional se va porque consigue un trabajo mejor pago, los chicos pueden perder a una persona con la que habían construido un vínculo de confianza. Por eso, garantizar buenas condiciones laborales también es una manera de cuidar a quienes más necesitan la presencia del Estado.
🎧 Escuchá la entrevista completa
Radio Cooperativa 104.5 conversó en exclusiva con trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de María Arroyo, delegada de ATE, quien explicó cómo trabajan, cuánto cobran, cuáles son las condiciones que enfrentan y qué respuestas esperan del Gobierno de San Juan.
Te invitamos a escuchar la entrevista completa para conocer de primera mano el reclamo de quienes todos los días tienen la responsabilidad de cuidar y acompañar a cientos de niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia.
